La deuda externa: una herramienta de dominación para el extranjero; una excusa para los cómplices internos

Un análisis de la situación financiera de la Argentina, a propósito del reciente anuncio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Por Rodolfo Pablo treber.

A esta altura, luego de tantas crisis económicas, sería inocente creer que ellas se producen por algún error de cálculo o falla en la planificación política. Tampoco puede resultar llamativo que la emisión exagerada de deuda externa transcurra durante los gobiernos alineados con el poder económico global, y que los recambios presidenciales solo sirvan para avalar y poner sobre las espaldas del pueblo estas gravosas estafas que nunca sirvieron al país.

Pero para comprenderlo mejor, debemos remontarnos a la disolución de los pactos de Bretton Woods (1971), donde se abandona el respaldo del Dólar en oro, y el precio y emisión de la moneda pasan a ser una definición netamente geopolítica, ya no fundamentada desde la técnica económica. Desde ese momento, la voluntad imperial de Estados Unidos es la que define cuánto dólar se emite y cuánto vale, y si interviene o no en los gobiernos del mundo para asegurar la primacía de su moneda.

Es por este motivo que el otorgamiento de empréstitos funciona como parte de un dispositivo de dominio, y se vale de gobiernos locales cómplices que, con democracia o sin ella, endeudan formalmente al país. Porque lo realmente valioso para los organismos multilaterales de créditos, no es el retorno monetario de intereses sino el poder político que obtienen sobre los gobiernos presentes y venideros. La cuestión de fondo no es por plata, es por territorio, recursos naturales y trabajo; es decir, por la generación de riquezas.

Por eso, la primera conclusión sobre la cuestión de la deuda externa es que los países que pretendan alcanzar soberanía para solucionar sus problemas económicos (pobreza, desocupación, inflación, escasez, etc.) tendrán que librarse de ella para poder aplicar las medidas necesarias. Si se puede cancelar pagando, se hace; y si se trata de una deuda impagable y repleta de irregularidades como esta, se litigia y no se paga. La peor opción, siempre, es un acuerdo que nos condicione, dirija e impida el desarrollo de nuestra economía.

Porque está en juego mucho más que dinero, se disputa el trabajo, la tierra y la comida para nuestro pueblo. A su vez, porque ante la decadencia de la industria nacional en los últimos 45 años, es urgente y necesario emprender un proyecto de industrialización para lograr la independencia económica y recuperar el trabajo para todo el pueblo argentino. Esto no es posible, ni viable, bajo un esquema de subordinación política, pagando abultadas cuotas y cumpliendo con los condicionamientos del FMI, que es hablar principalmente de los EE.UU..

Por ello es imprescindible una estricta auditoría que identifique el destino de los fondos, que se sancione a los culpables y responsables políticos de este crimen económico. Al mismo tiempo, resulta urgente sentar las bases jurídicas, y de participación popular, para que un cambio de gobierno no sea suficiente para generar tamaña dependencia a una divisa extranjera.

El exacerbado interés que mostraron los distintos representantes del poder global para que la Argentina se endeude, en principio, y luego llegue a un acuerdo, solo se explica desde el enorme potencial económico que tenemos como Patria si nos disponemos a ser libres y emprendemos un proyecto de desarrollo nacional. Unos y otros estaban particularmente interesados en mantener este esquema colonial para continuar con la incesante explotación y extracción de riquezas de nuestro suelo.

Por todo esto indicaría que enfrentar el conflicto es nuestra única opción. Porque lo que hizo grande a la Argentina, en distintos momentos de su historia, es haber comprendido que no hay ni habrá un futuro de prosperidad como colonia. La actual situación de dependencia económica y política, que sumerge los argentinos en el absurdo de la pobreza y hambre en tierras de abundancia, no da lugar a medias tintas ni tibiezas.

Por un lado, es necesario recuperar la administración nacional del comercio exterior. La protección del mercado interno, junto a un plan de industrialización por sustitución de importaciones, es un paso obligado para la generación de trabajo genuino que disminuya la principal demanda y causa de la dependencia de dólares que tiene el país: la compra en divisas de productos al extranjero.

En números, la mitad de las importaciones argentinas corresponden a industria liviana de baja complejidad (juguetes, textiles, plásticos, indumentaria, autopartes, electrodomésticos, metales, cosméticos, etc.). Con la debida planificación y dirección del Estado, en asociación con los trabajadores, más las grandes, medianas y pequeñas empresas nacionales, es completamente viable emprender un proceso de sustitución de importaciones acelerado sobre bienes superfluos.

En cuanto al sistema financiero, diametralmente opuesto a lo que el interés nacional indica, actualmente se encuentra orientado exclusivamente a la especulación financiera. Para fundamentar esto, solo hace falta decir que la base monetaria (el total de billetes emitidos en manos del público más lo depositado en bancos) actualmente es de 3,7 billones de pesos, mientras que lo depositado en instrumentos financieros, “leliq”, suma 4,7 billones de pesos. Ese enorme volumen de dinero no tiene contacto alguno con la economía real y genera una emisión monetaria, por intereses, de 130.000 millones de pesos mensuales mientras se denuncia que no hay plata para los temas urgentes.

Esos fondos serían más que suficientes para dar inicio a las inversiones de capital que requiere el proceso de industrialización. Por eso, debemos recuperar el rol del B.C.R.A. y del sistema financiero en su conjunto, como factor clave de promoción y desarrollo, orientando el ahorro, hoy destinado a la especulación financiera, al crédito a la inversión con fines productivos.

Como queda a la vista, con las opciones planteadas, el conflicto de fondo no es la deuda ni la falta de plata, sino la subordinación política al poder transnacional que posee el control del comercio exterior y la banca.

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