Ley Penal Juvenil: una deuda de la democracia

“Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo” Albert Camus.

Como sucedió con la “Ley de Medios” en el año 2009, nuestra sociedad necesita darse un profundo y sentido debate que desemboque hacia una Ley Penal Juvenil de la democracia para saldar la deuda de casi 40 años con nuestras niñeces, adolescencias y juventudes.

Por Adrián Berrozpe.

La Ley de Videla

Posiblemente el Régimen Penal de la Minoridad (también llamado Ley Penal Juvenil) toca fibras sensibles por izquierda y derecha. La Ley 22.278 fue una imposición a través de un decreto por parte de la dictadura civico-militar y aceptada dentro de un paquete con otros decretos ley en el traspaso democrático al gobierno de la endeble democracia de Raúl Alfonsín.

Dentro de la historicidad de la 22.278, hay que entender que la misma fue decretada en el año 1980, durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla y diez años antes de que la Argentina adhiriera a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esta ley fue parte de una jugada del gobierno militar para generar una concentración de poder dentro de la estructura judicial ya copada por una camarilla de jueces pro-militares, que venían siendo beneficiados con decretos ley que aumentaban su poder sobre la sociedad.

La ley 22.278 principalmente deposita en la subjetividad y discrecionalidad de los jueces y juezas el futuro de cualquier infractor que tenga entre 16 y 18 años, sentando aquí la base de la ley[i]. Ella tampoco plantea un periodo claro para la definición judicial frente a la posible infracción cometida ya que habla de un periodo de un año, pero también aclara que dé así considerarlo el juez/jueza podría ser un periodo aun mayor, a la vez que en su artículo primero le concede la guarda del joven al juez/jueza que actúa, si este/a así lo requiriera.

Una aplicación que genera más desigualdades

Sobre la puesta en práctica de la Ley Penal Juvenil también hay que poner la lupa, ya que ésta se da a través de un sistema de leyes de aplicación o regímenes penales juveniles distintos en cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (teniendo sus propias interpretaciones). El Régimen Penal Juvenil no prevé ni garantiza una federalización del “tratamiento del o la Joven infractor/a”, es decir un Régimen que permita las mismas posibilidades de tratamiento, estadía o proceso del o la joven infractor/a en CABA como en el Chaco, en Santa Fe o en Salta, ya que en cada distrito se realiza un gasto presupuestario diferente según lo considerado.

También dicha Ley ejerce una desigualdad machista en su aplicación en los territorios.  La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta hoy con un dispositivo CSRC (Centro Socio-Educativo de Régimen Cerrado) para varones de 18 a 21 años, pero no para mujeres que estén en la misma posibilidad de afrontar su proceso en estos, en vez de “cárceles de Adultos” como es la situación actual. Tampoco se cuenta con un protocolo de actuación para el tratamiento de mujeres embarazadas, que se pueda aplicar en los dispositivos a lo largo del país.

Una Ley que no repara, solo sigue rompiendo

La Ley Penal Juvenil en ninguno de sus artículos establece la reparación por parte de las y los jóvenes infractores sobre su ilícito, solamente habla de sanción (art 3), penas privativas de libertad (art6) y privación de libertad (art10), dejan allí nuevamente un vacío sobre la construcción de un “sujeto Reflexivo” capaz de poder discernir que es “correcto” o la “reinserción positiva en la sociedad” de los y las jóvenes.

Los encierros dictaminados por los jueces pueden carecer de condena alguna, proceso judicial o tratamiento (mientras el magistrado resuelve la pena), solo por considerar al infractor o la infractora (jóvenes adultos) como “peligrosos”. Esto incluso vulnera tratados internacionales que ha firmado la Argentina.

En definitiva, la Ley de Videla no establece en ningún de sus artículos tácitamente la reparación del o la joven sobre su infracción, y menos aún contemplar que él o ella pueda reinsertarse en un ambiente sano y con posibilidades para que no vuelva a delinquir. Se deja velado a la subjetividad de los jueces y juezas, y al trabajo a destajo que realizan los y las judiciales y los y las trabajadoras/es de Niñez, los cuales muchas veces carecen de las herramientas y el presupuesto apropiado, ya que la ley tampoco plantea desde donde nacen los recursos para su implementación.

Los jóvenes que luego de pasar algún tiempo privados de su libertad, en la gran mayoría de los casos vuelven a la situación de vulnerabilidad (en muchas veces extrema) previa a la infracción. La mayoría de estos jóvenes se encuentran en situación de calle, consumo o violencia por parte de adultos y solo son contados los que mantienen un seguimiento correcto por equipos profesionales, donde el Estado de una respuesta a la situación de vulnerabilidad y flagelación.

Una discusión necesaria y profunda, con los tiempos adecuados

El macrismo quiso utilizar la discusión de esta ley como “caballito de batalla” en años electorales, proponiendo la baja de punibilidad[ii] y medidas aisladas mientras se recortaban (y se siguen recortando en CABA) los presupuestos para las políticas de niñez.

Aunque parezca imposible, la Ley que proponía la alianza Cambiemos competía con el Régimen Penal de la dictadura en la estigmatización de los Niños, Niñas y Jóvenes, siendo posiblemente aún más aberrante.

 Se quiso imponer una doctrina policial, conocida como “la doctrina Chocobar”, que establecía “primero disparar y luego preguntar”. No casualmente el joven asesinado por el policía Luis Chocobar (que se encontraba de franco y fuera de su zona de actuación)  luego de cometer un delito (Pablo Kukok), tenía 18 años, venía de un barrio pobre de la Ciudad de Buenos Aires , era adicto y había pasado varias veces por el Centro de Admisión y Derivación que trabaja como parte de los CSRC, demostrando la falencias de la 22.278 y utilizando esto como pretexto para la implementación mediática de una ley aún peor.

Desde el estado se debe garantizar una discusión plena sobre una nueva Ley de la democracia, con los tiempos adecuados y no corriendo atrás de los calendarios electorales. Hay que asegurar la información a los representantes del pueblo y a la sociedad toda para que se dé esta necesaria discusión, en pos de generar soluciones de raíz corriendo las miradas punitivistas y buscando soluciones integrales.

Nota del Autor: Para una última reflexión, tomo prestado la parte final de una declaración de la Asociación de Trabajadores del Estado (Sec. Capital), de su área de Niñez que complejiza la situación de la niñez, reflexiona y propone como solución:

“En la medida en que sigamos pensando las soluciones a los problemas de inseguridad en términos exclusivamente punitivistas, no llegaremos nunca a desarrollar soluciones integrales que puedan traducirse en una mejor calidad de vida para toda la sociedad. La solución no es bajar la edad de punibilidad. La verdadera solución a la inseguridad implica invertir en educación, invertir en políticas públicas que ayuden a que cada vez haya menos desocupación, que lxs pibxs vayan a la escuela a estudiar y no a comer, que ningún pibx tenga que salir a trabajar o se vea obligadx a terminar delinquiendo. Sabemos que la inseguridad viene de la mano de la vulneración de derechos básicos como el acceso a un trabajo digno o a que podamos llevar un plato de comida a la mesa, y por eso, insistimos, para terminar con la inseguridad necesitamos políticas públicas de calidad. El discurso punitivista solo tiene como objetivo aumentar los niveles de control y persecución en nuestra sociedad. No olvidemos nunca que el ajuste sólo cierra con más represión.”[iii]


[i] [i] ARTICULO 3º (Regimen Penal Juvenil 22.278) – La disposición determinará:

a) La obligada custodia del menor por parte del juez, para procurar la adecuada formación de aquél mediante su protección integral. Para alcanzar tal finalidad el magistrado podrá ordenar las medidas que crea conveniente respecto del menor, que siempre serán modificables en su beneficio;

b) La consiguiente restricción al ejercicio de la patria potestad o tutela, dentro de los límites impuestos y cumpliendo las indicaciones impartidas por la autoridad judicial, sin perjuicio de la vigencia de las obligaciones inherentes a los padres o al tutor;

c) El discernimiento de la guarda cuando así correspondiere.

[ii] Edad donde un/a joven puede ser procesado judicialmente.

[iii] http://www.atecapital.org/noticia/posicionamiento-ante-el-anuncio-de-la-baja-de-edad-de-punibilidad-

Adrián Berrozpe es trabajador de la Dirección General Penal Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires. Colabora en la Revista Trinchera y la Agencia Simón.

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